Misión de EE.UU. ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra
En el día de hoy, en Ginebra, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, brindó una actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Documentó que los opositores políticos siguen siendo objeto de ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.
Miembros electos de la Asamblea Nacional, representantes del gobierno legítimo de Venezuela encabezado por el presidente interino Juan Guaidó y los medios de comunicación independientes siguen enfrentando ataques sostenidos por parte del régimen de Maduro. Las acciones del régimen demuestran que utilizará todos los medios necesarios para conservar el poder, incluidos actos brutales contra su propia población, a menudo a manos del SEBIN, la DGCIM o los escuadrones de la muerte presidenciales conocidos como “FAES”, una organización que la Alta Comisionada Bachelet ha instado a que se desintegre desde que publicó su informe inicial el 5 de julio de 2019.
Maduro no solo no ha desintegrado a las FAES, sino que propuso incorporar en las fuerzas armadas a las bandas armadas ilegales conocidas como colectivos, un dato que el informe actualizado subraya con consternación. Entre otros actos específicos de represión registrados desde el informe más reciente, la Alta
Comisionada Bachelet alertó sobre la continuidad de altos niveles de violencia en el estado de Bolívar, incluida la presencia de organizaciones armadas irregulares implicadas en la explotación ilegal de recursos naturales. Valoramos que la Alta Comisionada se haya enfocado en el colapso de la economía venezolana y consiguiente la crisis humanitaria, que ha provocado que 4,8 millones de personas huyan del país.
La corrupción y la incompetencia económica del régimen de Maduro originaron la crisis humanitaria y la siguen profundizando al politizar y robar la asistencia humanitaria. Estados Unidos exhorta a la comunidad internacional a apoyar de manera más enérgica una respuesta ejemplar y basada en necesidades en Venezuela y el resto de la región.
Seguiremos brindando asistencia, además de los más de $ 654 millones que ya hemos proporcionado a las Naciones Unidas y a socios internacionales en la región. El régimen de Maduro también sigue obstaculizando el acceso libre e irrestricto al equipo en Caracas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
El régimen debe permitir que un equipo sólido de la Oficina del ACNUDH trabaje en el país; autorizar el acceso a todos los centros de detención y cárceles, incluidos aquellos gestionadas por los servicios de inteligencia; y permitirles que viajen a todas las regiones de Venezuela, incluidas las dedicadas a minería. Estados Unidos expresa su pleno apoyo a la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, establecida recientemente, y condena la negativa del régimen de Maduro a reconocer su autoridad.
La reacción del régimen a esa misión es incluso más inaceptable desde que el país fue elegido para integrar el Consejo de Derechos Humanos (CDH) y sienta un preocupante precedente con respecto a cómo se comportará el régimen como miembro del CDH. El régimen sigue intentando ocultar sus cruentas acciones, pero el mundo está observando.
La comunidad internacional debe seguir condenando la violación sistemática de los derechos humanos del pueblo venezolano e implementar medidas que impongan consecuencias para estos abusos del régimen.
Juntos, debemos continuar apoyando los esfuerzos del presidente interino Guaidó para que se lleven a cabo elecciones justas, transparentes y creíbles, que posibiliten que el pueblo de Venezuela pueda tener un gobierno en el que todos los responsables de violaciones de derechos humanos rindan cuentas por sus actos. Debemos acompañar al pueblo venezolano en su lucha por la libertad y la democracia.
