Por Alberto Ferderico Ravell
POLÍTICA 
 NO A LA IMPUNIDAD
 
Exigen investigar a hackers que atacan cuentas antichavistas
 

La organización Espacio Público exigió a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, los ataques informáticos que en los últimos días han sufrido periodistas, articulistas, humoristas y activistas pro Derechos Humanos afines a la oposición. En referencia al señalamiento de la fiscal, según el cual su gestión se ilustra con la frase “no a la impunidad”, la agrupación demandó que se aplique esa máxima para condenar a los piratas cibernéticos que han intervenido  las cuentas en las redes sociales y los correos electrónicos de los periodistas Jesús Torrealba, Ibéyise Pacheco y Berenice Gómez, del escritor Leonardo Padrón, del articulista Eduardo Semtei, del animador Nelson Bustamante, de la activista Rocío San Miguel y del embajador Julio Cesar Pineda.

 Espacio Público calificó estos hechos como un “atentado contra el derecho fundamental a la libertad de expresión en toda su dimensión”. Investigar este caso ayudaría al Ministerio Público a limpiar en alguna medida a limpiar su bastante dañada imagen. Si algo ha caracterizado a la fiscalía es su poca diligencia a la hora de actuar, especialmente si las denuncias tienen tinte político y son expuestas por personas afines a la oposición.

Durante toda la semana pasada el tema varias cuentas de twitter y correo electrónico de personajes fuertemente asociados al antichavismo fueron intervenidas por vulgares piratas informáticos actuando como vengadores cibernéticos contra de quienes quieren mancillar el honor del gobierno y el comandante presidente con sus comentarios adversos a la oposición. En anonimato de la red dio a estos criminales la oportunidad de convertirse en fiscales, jurado y jueces, decidiendo así, por cuenta propia, quienes merecían ser atacados para salvaguardar a la revolución de sus nocivos comentarios.

A todas luces, este es un caso que amerita toda la intervención de la ley pero, como ya mencionamos, la historia reciente nos recuerda que los poderes del Estado encargados de administrarla no son muy activos cuando se trata de investigar y sancionar algo que afecte a la oposición. Es de suponer que los hackers oficialistas seguirán haciendo de las suyas antes de desvanecerse en el día a día político del país, pero ciertamente este tipo de actuación puede caer en el olvido como suele ocurrir en este país. Hay que mantener la denuncia.
 

AGOSTO ROJO
 Asesinatos sin control
 
Según cifras oficiales del CICPC, el mes de agosto ha sido el más violento del 2011 con el ingreso de 565 cadáveres a la morgue, de los cuales el 75% presentaron impactos de bala. Reconocidos criminalistas reconocen en estas cifras el desmedido nivel de intolerancia que demuestra una sociedad venezolana que parece estar “enferma de violencia” y en la cual cualquier diferencia se resuelve a punta de tiros. Es común escuchar a los familiares de las víctimas invocar la justicia divina ante la poca confianza que se tiene en las autoridades venezolanas. Se estima que el 90% de los casos de asesinatos no son resueltos por las autoridades policiales.

La sociedad está enferma y el médico no hace nada por curarla. Mientras que el ministro de interior y justicia, Tarek El Aissami culpa a la oposición del problema, la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez afirma que la inseguridad es más una “sensación” que una realidad y gente ligada al gobierno, como el exministro Jesse Chacón, dicen que se trata de un problema “mediático”, la violencia sigue ganando espacios de manera incontrolable. Se ha hecho terriblemente común leer casos en los que una persona mató a otra por un puesto de estacionamiento, por inconformidad con el arreglo de una prenda de vestir o peor aún, sin ningún motivo aparente. Las armas de fuego han sustituido a la palabra como herramienta de discusión y la vida se ve cada vez más como algo tan devaluado que no se duda en arrebatársela a otro por el simple gusto de hacerlo.

Mientras el gobierno siga escondiendo la cabeza o mirando a los lados ignorando el problema es muy poco probable que la situación mejore. La sociedad no aguantará esto mucho más.
 

ECONOMÍA 
 EL GOBIERNO NIEGA IMPORTACIÓN
 
Denuncian llegada de 4 mil kilos de cebolla
 
Según Lorenzo Monasterios, diputado al Consejo Legislativo del estado Lara y secretario General de UNT, el Ministerio de Agricultura y Tierras se encuentra desembarcando cuatro mil toneladas de cebolla provenientes de Ecuador y Perú y que forman parte de las seis mil toneladas iniciales que autorizó el gobierno para que entraran y fueran distribuidas en Venezuela. La semana pasada, horticultores del Valle de Quíbor realizaron un acto en protesta por la importación de cebolla por parte del gobierno  denominado el

“El Cebollazo”. En esa oportunidad, el ministro de Agricultura, Juan Carlos Loyo desmintió la importación masiva de cebolla, “pero esta mercancía que se encuentra en Puerto Cabello demuestra las mentiras de los funcionarios del gobierno”. Durante el show montado por el gobierno para responder al “cebollazo”, el ministro Loyo juró y perjuró que en Venezuela no se había importado ni una cebolla. A los ojos del comandante presidente, la mentira seguramente lo ayudó a reafirmarse como buen representante del gobierno revolucionario.

 Una de las cosas que más ha caracterizado al Estado sometido a los megalómanos caprichos de Hugo Chávez ha sido la sistemática negación de los problemas del país. Da lo mismo que alguien haya visto cómo le hincaban el diente a la torta o que queden evidentes restos delatores en la comisura de la boca o entre sus dientes, ellos jurarán por lo más sagrado que no se la comieron. Aquí pasa lo mismo, se detecta el ingreso, descarga y distribución de cebollas en el país pero Loyo insiste en que eso no es así, que eso es un show mediático de la oposición ¿Hasta dónde puede llegar el caradurismo?

Esto sin duda es motivo de serio análisis conductual. Además, ¿por qué negar que se importen cebollas cuando se ha reconocido que las tres cuartas partes de lo que se come en el país lo traen de afuera? Es que ni siquiera son capaces de mantener su propio juego y van y vienen como veletas, como indiferentes ante todo y ante todos.
 

INE DISFRAZA LA REALIDAD
 Uno de cuatro hogares subsisten con un salario mínimo
 

 Contraria al planteamiento del Instituto Nacional de Estadística, según el cual el ingreso promedio por hogar se compone de al menos dos salarios mínimos, Isabel Pereira, directora del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice) afirma que según las mediciones realizadas por la institución alrededor de la cuarta parte de los hogares “están dirigidos sólo por la madre”. Esto supone que en uno de cuatro hogares el salario mínimo actual de 1.548,21 bolívares es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia que depende de una sola fuente de ingreso, sobre todo cuando la inflación golpea con más fuerza a los estratos socioeconómicos más bajos, quienes destinan la mayor parte de sus ingresos para cubrir los gastos de alimentación y transporte.

 La gente del Instituto Nacional de Estadística está empeñada en mostrarnos con cifras lo bien que marcha el país. Nos dicen que en los hogares venezolanos entran al menos dos salarios mínimos, con lo cual se puede vivir de manera bastante digna. Tal vez eso sea cierto en tres de cada cuatro hogares, pero ¿acaso eso  importa a ese hogar restante que se las tiene que arreglar con un solo salario? Las mismas cifras oficiales reconocen que el salario mínimo no alcanza para cubrir el 100% de la cesta alimentaria, entonces, ¿cómo hacen en esos hogares donde sólo entran los mil quinientos y pico que conforma un salario?

 Es evidente que tendrán que eliminar cosas de su dieta y que a la larga incidirá decididamente en el aumento de casos de malnutrición, pero a los ojos del gobierno esas cosas se engloban en cifras irrelevantes que para nada tienen que ver con la buena disposición del gobierno, quien invierte más en politiquería que en políticas efectivas para buscar el bienestar de los venezolanos.

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